La relatora especial para
Botero, quien asistió en San Salvador a un seminario organizado por
Al aludir a Venezuela, que fue incluida en el denominado Capítulo IV de
"Se están cerrando todos los espacios para la discusión política abierta, plural, desinhibida en Venezuela y se está aplicando incluso el delito de desacato", afirmó.
Explicó que las leyes de desacato "sancionan a quien ofenda la dignidad de la autoridad pública, a quien ofenda al presidente o a los funcionarios públicos o los critique duramente".
"Las autoridades públicas tienen la obligación de tener mayor tolerancia, porque tienen mayor poder y eso significa que pueden haber críticas que son injustas, ofensivas, perturbadoras que hacen parte del discurso protegido por el derecho a la libertad de expresión", añadió.
Se refirió a hechos denunciados en Colombia, donde se descubrió que la agencia de seguridad del Estado estaba "espiando sistemáticamente" a los periodistas más críticos con el Gobierno, así como campañas de hostigamiento en papeles de esa institución y un manual sobre cómo amenazar a una reportera.
Sobre México, si bien admitió que la situación es "extraordinariamente grave justamente por las amenazas que supone el crimen organizado y su capacidad de corrupción", destacó el trabajo con el Gobierno.
"Tenemos una muy buena relación con el Gobierno y creemos que eso es importante decirlo, porque cuando hay voluntad para que las Relatorías puedan entrar y hacer las recomendaciones, creo que el camino está más despejado para poder brindar mayor protección", dijo.
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